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Resolución de 20 de mayo de 2025, de la Secretaría General de Consumo y Juego, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito.

Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

BOE-A-2025-10588

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Texto literal del BOE, sin resumir

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears han suscrito, con fecha 14 de mayo de 2025, un Convenio para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 20 de mayo de 2025.–El Secretario General de Consumo y Juego, Andrés Barragán Urbiola. ANEXO Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito En Madrid, a 14 de mayo de 2025. REUNIDOS De una parte, don Pablo Bustinduy Amador, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 835/2023, de 20 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, letra k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Y de otra parte, doña Manuela García Romero, Consejera de Salud de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en virtud del Decreto 9/2023, de 10 de julio, de la Presidenta de las Illes Balears, por el que se dispone el nombramiento de miembros del Gobierno de las Illes Balears, y en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre de las Illes Balears, por el cual se delega en los titulares de las Consejerías la firma de determinados convenios de colaboración y acuerdos de Cooperación, en relación con el artículo 80 de la Ley 3/2023, de 26 de marzo de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo, y Agenda 2030 y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y EXPONEN El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II del título V del libro Primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así como el procedimiento de resolución de conflictos. De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, mediante el Real decreto 231/2008, de 15 de febrero, estableciendo el cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las partes. Mas tarde, transcurridos más de dieciséis años, este reglamento se sustituyó por el Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, que dio continuidad al anterior si bien adaptó el Sistema Arbitral de Consumo a las nuevas normas aprobadas, tanto de la Unión Europea, como de carácter nacional. Adicionalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, completa el marco legal