Ley 1/2025, de 17 de enero, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
BOE-A-2025-11205
Texto literal del BOE, sin resumir
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha sido un actor central en la configuración del panorama educativo y socioeconómico de la región desde su establecimiento en 1985. Surgió como respuesta a la demanda creciente de educación superior en Castilla-La Mancha, una región que hasta ese momento carecía de una institución universitaria pública hasta la promulgación de la Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre creación de la Universidad Castellano-Manchega. Como órgano esencial de participación ciudadana en la gestión universitaria, surge el Consejo Social de la UCLM, constituido el 12 de abril de 1991 en Albacete, configurándose como un cauce permanente de diálogo y comunicación entre la Universidad y la sociedad de Castilla-La Mancha para la intensificación de las relaciones con los ámbitos culturales, profesionales, económicos y sociales, en aras de una mejor educación, investigación y transferencia universitaria. La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, en su artículo 47, apartado 3, indica que por ley de la Comunidad Autónoma se regulará la composición del Consejo Social procurando que su funcionamiento sea eficaz y eficiente, estableciendo que la norma establecerá un estatuto de sus miembros, garantizando la presencia de personas propuestas por los diferentes sectores representativos de la vida económica, social y cultural del entorno, conocedoras de la actividad y dinámica universitarias, así como la ausencia de conflicto de intereses con la universidad. La ley autonómica también regulará la duración de su mandato y el procedimiento de designación de sus miembros por parte de la Asamblea Legislativa, oída la universidad. En el marco del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el artículo 37 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, esta ley regula un Consejo Social adecuado a lo dispuesto en dicha normativa e introduce novedades importantes respecto a la anterior Ley 7/2003, de 13 de marzo, en la composición del Consejo Social, que aumenta en dos personas sus miembros, pasando de los 19 a 21, incluida la persona que ostenta el cargo de presidencia, y garantizándose que dicha composición sea equilibrada entre mujeres y hombres. Se introducen nuevos perfiles en los nombramientos, como el designado entre aquellas entidades, fundaciones o empresas que tengan suscritos convenios o contratos de investigación, docencia, de prácticas o de colaboración con la universidad, o como el designado a propuesta de la Confederación de Entidades de Economía Social de Castilla-La Mancha y el designado a propuesta de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. Se incluye por primera vez la figura de la vicepresidencia del Consejo Social. El procedimiento de nombramiento de los miembros se adecua a lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 2/2023, de 22 de marzo, correspondiendo al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha la designación de los vocales del Consejo Social en representación de los intereses sociales. Por último, en cuanto a las funciones del Consejo Social, estas se diversifican en la planificación y desarrollo institucional, gestión económica y académica, participación en el Consejo de Gobierno de la Universidad, entre otras, y se incorpora el equilibrio de género y se refuerza la transparencia y la rendición de cuentas. En la elaboración y tramitación de esta ley se han observado los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, su necesidad deriva
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