EL CÓDICE

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Resolución de 28 de abril de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la Propiedad de Torrelodones a expedir una certificación literal de varias inscripciones relativas a una finca.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-11268

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Texto literal del BOE, sin resumir

En el recurso interpuesto por don J. J. D. G. contra la negativa del registrador de la Propiedad de Torrelodones, don Enrique Amérigo Alonso, a expedir una certificación literal de varias inscripciones relativas a una finca. Hechos I Mediante solicitud suscrita por don J. J. D. G., se solicitaba una certificación literal de las inscripciones 9.ª, 10.ª y 11.ª de la finca registral número 400 del Registro de la Propiedad de Torrelodones, alegando como interés legítimo «las operaciones particionales del Juzgado Mixto número 3 de Collado Villalba». II Presentada el día 11 de diciembre de 2024 dicha solicitud en el Registro de la Propiedad de Torrelodones, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria (reformado por Ley 24/2001 de 27 de diciembre) y 98 y siguientes del Reglamento Hipotecario: El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado por Don J. J. D. G., el día 11/12/2024, bajo el asiento número 1016, del tomo 2024 del Libro Diario y número de entrada 3542, que corresponde a la instancia de solicitud de certificación literal de las inscripciones 9.ª, 10.ª y 11.ª de la finca registral número 400 de Torrelodones, por operaciones particionales del Juzgado Mixto Número 3 de Collado Villalba, ha resuelto suspender la expedición de la certificación solicitada, en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos: Se solicita por Don J. J. D. G., certificación literal de las inscripciones de la finca registral 400 de Torrelodones. La inscripción 9.ª contiene pronunciamientos de dominio que no se encuentran vigentes en la actualidad.– Se alega como motivo de la solicitud por operaciones particionales del Juzgado Mixto Número 3 de Collado Villalba. No se aporta documentación alguna que permita conocer el objeto del procedimiento. No se acredita por el solicitante la condición de heredero de los titulares registrales que consta en las [sic] inscripción 9.ª Fundamentos de Derecho: Como ha señalado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (entre otras, en resolución de 3 de diciembre de 2020, en la que el recurrente era el propio solicitante de la expedición de certificación que motiva esta calificación): “Es doctrina reiterada de este centro directivo sobre los límites de la publicidad registral en relación con la legislación hipotecaria y la legislación de protección de datos. “Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes y derechos inscritos y, por tanto, este interés se ha de justificar ante el registrador. En consecuencia, ante una solicitud de publicidad formal, el registrador, debe calificar en primer lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo, y, en tercer lugar, qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información. La publicidad ha de ser para finalidades propias de la institución registral como la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales o administrativas. No cabe para la investigación privada de datos no patrimoniales si no es cumpliendo estrictamente con la normativa de protección de datos. En relación con el interés legítimo, ha manifestado este Centro Directivo (cfr. Resolución de 25 de noviembre de 2016, entre otras muchas) que debe ser: a) un interés conocido, en el sentido de acreditado o justificado (a excepción de los casos de autoridades, empleados o funcionarios p