Resolución de 30 de mayo de 2025, de la Abogacía General del Estado, por la que se publica el Convenio con la Universidad Jaume I, para el desarrollo de prácticas académicas externas curriculares no retribuidas en enseñanzas oficiales de Grado y Máster de sus estudiantes.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
BOE-A-2025-12129
Texto literal del BOE, sin resumir
Con fecha 20 de mayo de 2025, se ha suscrito Convenio entre la Abogacía General del Estado y la Universitat Jaume I de Castellón, para el desarrollo de prácticas académicas externas curriculares no retribuidas en enseñanzas oficiales de Grado y Máster de sus estudiantes. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 30 de mayo de 2025.–El Abogado General del Estado, David Segundo Vilas Álvarez. ANEXO Convenio entre la Abogacía General del Estado y la Universitat Jaume I de Castellón, para el desarrollo de prácticas académicas externas curriculares no retribuidas en enseñanzas oficiales de Grado y Máster de sus estudiantes REUNIDOS De una parte, don David Segundo Vilas Álvarez, en su condición de Abogado General del Estado, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 578/2024, de 18 de junio, quien actúa en virtud de la delegación conferida a su favor por el Ministro de Justicia y recogida en la disposición octava de la Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre, sobre delegación de competencias y fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos. Y de otra parte, doña Eva Alcón Soler, Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Decreto 60/2022, de 20 de mayo de 2022, del Consell, y de conformidad con las competencias que le otorga el artículo 71.1 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, aprobados mediante Decreto 95/2021, de 9 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9128, de 15 de julio de 2021). Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que la Abogacía General del Estado adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con nivel orgánico de Subsecretaría, es el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, con las competencias y funciones contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio y en el Real Decreto 1057/2024, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado. Segundo. Por su parte, la Universitat Jaume I de Castellón goza de autonomía, de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. El artículo 3.2.q) de esta última norma establece que dicha autonomía comprende, entre otros aspectos «q) El establecimiento de relaciones con otras universidades, instituciones, organismos, Corporaciones de Derecho Público, Administraciones Públicas o empresas y entidades locales, nacionales e internacionales, con el objeto de desarrollar algunas de las funciones que le son propias a la Universidad». Tercero. Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación en el desarrollo de un programa de prácticas académicas formativas para que los estudiantes de la Universidad puedan realizar actividades suplementarias de formación, no remuneradas, en la Abogacía General del Estado (en adelante AGE), que les permitan a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. Cuarto. Que el presente convenio, enmarcado en lo que estipula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), se establece según lo contemplado en el Real Decreto 592/2
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