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Resolución de 10 de junio de 2025, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y las entidades integradas en el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-12133

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Texto literal del BOE, sin resumir

El Abogado General del Estado y el Presidente del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., han suscrito, con fecha de 30 de mayo de 2025, un convenio de asistencia jurídica. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la presente resolución. Madrid, 10 de junio de 2025.–El Subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera Rodríguez. ANEXO Convenio de asistencia jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Abogacía General del Estado) y las entidades integradas en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) REUNIDOS De una parte, don David Segundo Vilas Álvarez, en su condición de Abogado General del Estado, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 578/2024, de 18 de junio (BOE núm. 148, de 19 de junio de 2024), quien actúa en virtud de la delegación conferida a su favor por el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el artículo 8.d) de la Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre, sobre delegación de competencias y fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos. De otra parte, don Manuel Illueca Muñoz, actuando en nombre y representación del Instituto de Crédito Oficial, con domicilio social en el Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid y NIF Q2876002C, en su condición de Presidente, cargo para el que fue nombrado en virtud del Real Decreto 860/2024, de 27 de agosto. MANIFIESTAN Primero. Que la Abogacía General del Estado es el Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las competencias de asistencia jurídica al Estado y sus Organismos autónomos y a los Órganos Constitucionales. Para el resto de entidades y organismos que constituyen el sector público estatal, se prevé legalmente que la Abogacía General del Estado pueda prestar asistencia jurídica mediante la oportuna formalización de un convenio. Segundo. Que el Instituto de Crédito Oficial (en adelante, Grupo ICO) es una entidad pública empresarial de las previstas en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, teniendo por objeto el sostenimiento y la promoción de actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional y, en especial, de aquellas que por su transcendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan su fomento en su condición de Agencia Financiera del Estado; tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones públicas. Tercero. Que el Grupo ICO, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, tiene actualmente suscrito un convenio de Asistencia Jurídica, de fecha 23 de mayo de 2023, con la Abogacía General del Estado. El Grupo ICO, a los efectos de este convenio de asistencia jurídica, se integra por las siguientes entidades del Sector Público Estatal: I. Instituto de Crédito Oficial. II. Sociedad, Axis Participaciones Empresariales SGEIC, SA, S.M.E. III. Fundación Instituto de Crédito Oficial. Cuarto. Que al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación de la asistencia jurídica al Grupo ICO, ambas partes consideran conveniente la designación por el Abogado General del Estado de uno o más Abogados del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la asistencia jurídica. Quinto. Que el texto del «convenio tipo», de asistencia jurídica ha sido informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia. Sexto. Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa asistencia jurídica en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los comp