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Resolución de 2 de junio de 2025, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación de documentación administrativa.

Ministerio de Hacienda

BOE-A-2025-12150

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Texto literal del BOE, sin resumir

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, considera como parte integrante del patrimonio histórico español el patrimonio documental, constituido por los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por cualquier organismo o entidad de carácter público. En su artículo 58 crea la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, como órgano encargado del estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la clasificación y utilización de los documentos de la Administración del Estado y del sector público estatal, así como el régimen de acceso a la inutilidad administrativa de tales documentos. Esta ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original. En su artículo 4 establece el procedimiento para la eliminación de documentos administrativos, siempre que carezcan de valor probatorio para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas, y no posean valor histórico ni utilidad para la gestión administrativa. En el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria el procedimiento de eliminación documental se impulsa a iniciativa de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, regulada en la Orden HAC/2991/2003, de 21 de octubre, que será quien elabore las propuestas de eliminación. Estas propuestas de eliminación aprobadas por la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se elevarán a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos para que emita dictamen vinculante, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre. Una vez recibido el dictamen favorable por parte de la citada Comisión, el presidente del organismo público en el que se encuentren custodiados los documentos dictará una resolución autorizando la destrucción, la cual se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», según dispone el artículo 6 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre. Siguiendo este procedimiento, en la reunión de 18 de junio de 2024 y 19 de diciembre de 2024, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos emitió dictamen favorable en relación con determinadas propuestas de eliminación presentadas por la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En virtud de dichos acuerdos y con el fin de autorizar la eliminación de esa documentación administrativa custodiada en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los archivos históricos provinciales, en el ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 6 del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, resuelvo: Primero. Eliminación de documentación. Autorizar la eliminación de los documentos que forman parte de las series que se detallan en el anexo. Segundo. Eficacia. La eficacia de la autorización de destrucción quedará demorada hasta transcurridos tres meses desde la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y condicionada a que en ese plazo no haya constancia de la interposición de recurso de cualquier naturaleza contra la misma, conforme a lo previsto en el artículo 6.2.b) del Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original. En caso de que sea impugnada, no podrá procederse a la destrucción de documentos hasta que esta resolución adquier