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Año 2026
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Real Decreto 484/2025, de 17 de junio, por el que se modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.

Ministerio de Defensa

BOE-A-2025-12313

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Texto literal del BOE, sin resumir

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su título V, capítulo VI, prevé el desarrollo reglamentario de los criterios generales para la publicación y asignación de destinos, las condiciones de permanencia, las limitaciones de acceso a destinos, el derecho preferente de la mujer militar víctima de violencia de género para ocupar otro destino y determinadas condiciones específicas de asignación y cese, en suma, los criterios generales de gestión de personal en relación con los puestos militares. Dicha previsión se ha visto materializada en el Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril. Desde su entrada en vigor, el Reglamento ha sufrido hasta la fecha las modificaciones contenidas en el Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, Real Decreto 577/2017, de 12 de junio, y Real Decreto 44/2019, de 8 de febrero, que han ido adaptando los contenidos del mismo a la experiencia práctica de su aplicación en la gestión de destinos, y, finalmente, el Real Decreto 852/2022, de 11 de octubre, que articula nuevas medidas para facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y profesional de los militares profesionales. No obstante, lo anterior, nuevas circunstancias y la puesta en práctica diaria de la gestión de personal, ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión de destinos. La experiencia habida en la pandemia generada por la COVID-19, ha mostrado la necesidad de contemplar entre los destinos clasificados como de libre designación aquellos que, a consecuencia de una situación de crisis, emergencia u operativa, resultan de indispensable cobertura. De igual forma, se catalogarán aquellos destinos que, con carácter excepcional, por sus singulares condiciones de idoneidad y de responsabilidad, de carácter operativo o técnico, sean considerados como de indispensable cobertura por las autoridades con competencia para ello, reflejándolo, en este caso, en las relaciones de puestos militares. En segundo lugar, para evitar posibles errores de interpretación, se ha separado el contenido del término «anuente» del de «carácter forzoso». La redacción actual mostraba cierta indefinición relativa al empleo de ambos conceptos, lo que podría ocasionar alteraciones en la asignación de destinos a solicitantes en esta modalidad. Por otra parte, se introduce en el artículo 18 un elemento temporal para dar seguridad y estabilidad al personal que, como consecuencia del resultado de un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, haya sido declarado útil con limitación para ocupar determinados destinos como consecuencia del servicio. Derivado de este cambio, se ha estimado oportuno modificar el apartado 9 del artículo 6, para incluir este supuesto entre los casos en los que se puede otorgar una vacante sin publicación previa, así como a aquellos otros que ya contemplaba el Reglamento en la sección 4.ª del capítulo IV. Por último, se ha detectado que la regulación de los plazos de incorporación a un destino tras su asignación en los medios oficiales de publicación presentaba incertidumbres o distorsiones que podían afectar, tanto a la eficacia del servicio por la pérdida de conocimientos y experiencia que produce el cese de un profesional, como para la propia persona interesada, que podría verse afectada por motivo de la transición entre destinos, los tiempos de servidumbre o de cumplimiento de determinadas condiciones del servicio. Para tratar de mitigar esta problemática, se da una nueva redacción al artículo 24 del Reglamento, incorporación y relevos. Este proyecto de real decreto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Responde al principi