EL CÓDICE

El diario con la información oficial

Año 2026
← Volver a El Códice

Resolución de 12 de junio de 2025, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se publica el Convenio con el Tribunal Constitucional, para la coedición de la obra titulada «El Impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Constitucional».

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-12507

—

Texto literal del BOE, sin resumir

El Organismo Autónomo Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Tribunal Constitucional han suscrito, con fecha 11 de junio de 2025, un convenio para la coedición de la obra titulada «El impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Constitucional». En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 12 de junio de 2025.–La Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut. CONVENIO PARA LA COEDICIÓN ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES DE LA EDICIÓN DE LA OBRA TITULADA «EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL» En Madrid, a la fecha de la firma. REUNIDOS De una parte, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional, y de la otra, doña Rosario García Mahamut, Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. INTERVIENEN El primero, en nombre y representación del Tribunal Constitucional, en virtud del nombramiento efectuado por Real Decreto 10/2023, de 11 de enero («Boletín Oficial del Estado» núm. 10, de 12 de enero de 2023), y en virtud de las facultades que tiene conferidas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. La segunda, en representación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en virtud de su nombramiento por Real Decreto 103/2024, de 23 de enero («Boletín Oficial del Estado» núm. 21, de 24 de enero de 2024) y de las competencias que tiene conferidas en el artículo 5 del Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. EXPONEN Primero. Que el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales suscribieron el 4 de mayo de 2020 un protocolo para articular la gestión de la convocatoria y concesión del «Premio Francisco Tomás y Valiente», de ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional. Dicho protocolo fue prorrogado mediante adenda suscrita por las partes el 30 de abril de 2024. Segundo. Que, de acuerdo con lo previsto en la cláusula segunda de dicho protocolo, el «Premio Francisco Tomás y Valiente 2024» se convocó mediante Resolución de 22 de octubre de 2024 de la Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (BOE núm. 257, de 24 de octubre de 2024). Tercero. Que por Resolución de 14 de febrero de 2025 de la Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se concedió el premio a la obra «El impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Constitucional», cuyo autor es don Mario Hernández Ramos. Cuarto. Que la cláusula décima de la convocatoria del premio preveía para la obra premiada la cesión de derechos de autor a efectos de su publicación por parte del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en coedición con el Tribunal Constitucional, «en las condiciones que ambos acuerden, para una única edición, con una tirada no superior a 2.000 ejemplares. Para sucesivas ediciones, el/la autor/a tendrá plena libertad editorial. En cualquier edición posterior se hará constar la expresión “Premio Francisco Tomás y Valiente 2024” otorgado conjuntamente por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales». Quinto. Que el artículo 323.5 de la LCSP permite que cuando un contrato resulte de interés para varias entidades o departamentos ministeriales y la tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de contratación, las demás entidades o departamentos interesados podrán contribuir a su financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente y con respeto a la normativa presupuestaria, en la forma que se determine en c