Decreto de 12 de marzo de 2025, del Fiscal General del Estado, por el que se nombra Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el proceso penal a doña Teresa Peramato Martín.
Ministerio Fiscal
BOE-A-2025-12543
Texto literal del BOE, sin resumir
La protección procesal de las víctimas constituye una de las principales funciones encomendadas al Ministerio Fiscal (artículo 3.10 EOMF), confiriéndole los artículos 4 y 5 de la citada norma importantes facultades para cumplir con la misma. Las vías utilizadas por nuestra Institución para proporcionar a los fiscales las pautas necesarias para el tratamiento unitario en la protección de las víctimas y para visibilizar su importancia, en orden a una mejor tutela y cuidado de sus intereses, se ha materializado tanto a través de la elaboración de un abundante cuerpo doctrinal, como en la designación –por decreto del Fiscal General del Estado de fecha 20 de diciembre de 2004– de una Fiscal de Sala del Tribunal Supremo como Delegada para coordinar esa protección a nivel nacional. Hechos Primero. En el referido decreto de designación de la Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el proceso penal ya se le encomendó la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal. En este sentido, se facultó a esta Fiscal de Sala Delegada para dirigir a los fiscales de las distintas fiscalías las órdenes e instrucciones que considerara oportunas, así como ejercer cualquier otra facultad conveniente al ejercicio de la función asignada. Segundo. En los últimos años se han sucedido reformas legales (fundamentalmente, desde la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima) que han venido a evidenciar una especial preocupación del legislador en proporcionar un mayor protagonismo a las víctimas en el proceso en general, así como en dotar de una mayor protección a aquellas que considera especialmente vulnerables. Es por ello imprescindible que el Ministerio Fiscal, garante de los derechos y la protección de las víctimas, desarrolle una atención especial en esta materia. Tercero. En este contexto, resulta preciso delimitar de forma más detallada las funciones competencia del Fiscal de Sala Delegado/a para la Protección y Tutela de las Víctimas en el proceso penal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a las jefaturas de los distintos órganos fiscales y unidades que componen el Ministerio Fiscal. Fundamentos Primero. El artículo 22.2 EOMF atribuye al Fiscal General del Estado la jefatura superior del Ministerio Fiscal y la impartición de las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal. Por su parte, el artículo 22.3 EOMF contempla la posibilidad de que el Fiscal General del Estado pueda delegar a los fiscales de sala algunas funciones relacionadas con la materia de su competencia, tal y como se materializó en relación con la protección y tutela de las víctimas en el citado Decreto de 20 de diciembre de 2004. Segundo. Respecto a las funciones de los fiscales de sala delegados, la Instrucción de la FGE núm. 1/2015, de 13 de julio, señala que las directrices de los fiscales de sala coordinadores son aplicables a los delegados «en lo compatible con su especial naturaleza y teniendo en cuenta que los mismos no tienen exclusividad ni disponen de fiscales adscritos». Tercero. Derivado de lo anterior, y partiendo de que la protección de las víctimas es una función que compete a todos los fiscales del orden penal, puesto que tienen reconocidos derechos en todas las fases procesales, y que la protección de algunas de las víctimas está asumida por las distintas especialidades del Ministerio Fiscal, la presente delegación para la protección y tutela de las víctimas extenderá sus funciones a la supervisión y coordinación en la protección de los derechos de las víctimas en el proceso, especialmente de aquellas víctimas identificadas como especialmente vulnerables o en situación de vulnerabilidad en los términos de los artículos 23 y 26 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, sin perjuicio de la competencia y funciones que en esta materia de protección de víctimas correspo
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