Resolución de 20 de mayo de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Las Rozas de Madrid n.º 2 a inscribir un testimonio de sentencia dictada en procedimiento ordinario.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
BOE-A-2025-12739
Texto literal del BOE, sin resumir
En el recurso interpuesto por don C. E. A. P., abogado, en nombre y representación de don J. M. Y. N., contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Las Rozas de Madrid número 2, doña María Teresa Alonso Prado, a inscribir un testimonio de sentencia dictada en procedimiento ordinario. Hechos I Se dictó el día 13 de mayo de 2024 sentencia por el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda, don Fernando Pérez Gil de la Serna, en el procedimiento ordinario número 688/2020, II Presentado testimonio de dicha sentencia en el Registro de la Propiedad de Las Rozas de Madrid número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Previo examen y calificación del documento presentado consistente en testimonio de la sentencia dictada el día 13 de mayo de 2024 por el Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda don Fernando Pérez Gil de la Serna, Procedimiento Ordinario 688/2020 y que fue presentado en el Registro a las 12:04 horas del día 20 de septiembre de 2024 según el asiento número 897 del Diario 2024 junto con liquidación del impuesto, informe de validación, no se practica la operación solicitada por los siguientes defectos: 1. Falta consignar las circunstancias esenciales del titular de la finca, tales como NIF y domicilio con las circunstancias que lo concreten. Resoluciones 15 julio 2010 y 27 febrero 2017. 2. Falta consignar con claridad la causa de adquisición o el título material en cuya virtud adquirieron la finca los demandantes. 3. Es necesario cumplir los requisitos que exige la legislación hipotecaria como es el otorgamiento de la escritura pública notarial de segregación por todos los afectados, titulares registrales de la finca y demandantes, por exigencias del principio de tracto sucesivo (art. 20 LH) y la incorporación de representación georreferenciada de las fincas, segregada y resto, para proceder a la segregación. Artículo 50 del Reglamento Hipotecario y por el artículo 3 de la Ley Hipotecaria con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria. Fundamentos de Derecho: 1. Las [sic] necesidad de expresión de las circunstancias personales del demandado resulta de los arts. 9 LH y 51 RH. En el presente supuesto basta completar las omitidas, referentes al NIF y domicilio. 2. No resulta de la sentencia la causa o el título material en virtud del cual los adquirentes/demandantes son titulares de la finca segregada. Es necesario que el título inscribible recoja la causa o título material de la adquisición, sin que puedan inscribirse declaraciones abstractas de dominio o de cualquier otro derecho (cfr. artículo 9 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 19 de enero de 1994, 10 de marzo de 2004 y 23 octubre 2023). 3. Uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan “erga omnes” de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su Reglamento (art. 50 RH). Ciertamente, según los artículos 1216 del Código Civil y 317.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son documentos públicos los testimonios que de las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los letrados de la Administración de Justicia, a quienes corresponde dar fe, con plenitud de efectos, pero es también cierto, según la reiterada doctrina de la DGSJyFP, que al exigir el artículo 3 de la Ley Hipotecaria para inscribir
Fuente oficial