El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla han suscrito, con fecha 17 de junio de 2025, un convenio para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 18 de junio de 2025.–El Director General de Consumo, Daniel Arribas González. ANEXO Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el desarrollo del arbitraje de consumo en su correspondiente ámbito En Madrid, a 17 de junio de 2025. REUNIDOS De una parte, don Pablo Bustinduy Amador, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 835/2023, de 20 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, letra k), de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Y de otra parte, doña Randa Mohamed El Aoula, Consejera de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto del Presidente núm.307, de fecha 10 de julio de 2023, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2023, relativo al Decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la ciudad. Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo, y Agenda 2030, y de la Ciudad Autónoma de Melilla. Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y EXPONEN El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. En cumplimiento del mandato constitucional, el capítulo II, del título V, del libro primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, facultando al Gobierno para que reglamentariamente establezca su organización, gestión y administración, así como el procedimiento de resolución de conflictos. De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, mediante el Real decreto 231/2008, de 15 de febrero, estableciendo el cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de carácter inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que deben reconocerse a las partes. Mas tarde, transcurridos más de dieciséis años, este reglamento se sustituyó por el Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, que dio continuidad al anterior si bien adaptó el Sistema Arbitral de Consumo a las nuevas normas aprobadas, tanto de la Unión Europea, como de carácter nacional. Adicionalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, correspondiendo la ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, tal como se recoge en la letra b) del apartado 2, del artíc