Dentro de las actuaciones de la política cultural resulta indispensable el apoyo a determinadas iniciativas y eventos culturales singulares que articulan el establecimiento de la agenda cultural. En este sentido, una de las actuaciones fundamentales es el apoyo a determinadas iniciativas y eventos culturales de especial interés, en particular cuando disponen de impacto internacional, como es el caso de la próxima celebración del Congreso Internacional de Archivos en nuestro país. Este Congreso, que se celebra cada cuatro años, es una de las citas internacionales más importantes en el ámbito de los archivos y la gestión documental y, tal como anunció el Consejo Internacional de Archivos el 18 de junio de 2021, su lugar de celebración en la edición de 2025 será Barcelona. El evento, que tendrá lugar entre el 25 y el 30 de octubre, reunirá a profesionales de la archivística y la gestión documental de todo el mundo, que dispondrán de una plataforma donde compartir conocimientos, experiencias e innovaciones, y de la posibilidad de establecer redes de colaboración. Inspirada en el tema «Conociendo pasados, creando futuros», la cita incluirá presentaciones, mesas redondas, talleres y otras actividades que abordarán temas cruciales como la preservación de identidades, la respuesta a conflictos y desastres, la promoción de derechos, la preservación digital y el futuro de la profesión. Se pretende, también, que cuente con la asistencia de profesionales de otras disciplinas cada vez más relacionadas con esta profesión. De acuerdo con lo anterior, tratándose de un evento crucial en el ámbito de la archivística, con una evidente dimensión internacional, se entiende plenamente justificado el apoyo del Gobierno a su celebración, así como el interés público y social en que se basa la concesión directa de la ayuda regulada en el presente real decreto. El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que podrán concederse de forma directa y «con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública». De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio competente y previo informe del Ministerio de Hacienda. Por lo que se refiere al beneficiario, hay que señalar que esta actividad de fomento necesaria debe articularse a través de la Generalitat de Cataluña, que será la administración pública responsable de la contratación de la empresa especializada en la organización del Congreso. Por su parte, y además del liderazgo del Consejo Internacional de Archivos, está previsto que colaboren en la celebración la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. Este real decreto se atiene a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia prescritos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La adecuación de la norma propuesta a los principios de necesidad y eficacia se justifica por razones de interés público, social, y económico, que derivan de la transcendencia del Congreso Internacional de Archivos. Es una norma que responde al principio de proporcionalidad, pues las obligaciones que impone a los beneficiarios son las establecidas de forma común en la normativa general de subvenciones. El proyecto regula el contenido mínimo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como otros extremos propios de las bases reguladoras de acuerdo con el artículo 17 de la misma ley. La norma