Resolución de 13 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Huércal-Overa, por la que se suspende la cancelación de una condición resolutoria.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
BOE-A-2025-13615
Texto literal del BOE, sin resumir
En el recurso interpuesto por don I. G. N., abogado, en nombre y representación de la entidad «Promociones Las Cañaicas, S.L.», contra la calificación de la registradora de la Propiedad de Huércal-Overa, doña María de la Asunción Fernández Aguirre, por la que suspende la cancelación de una condición resolutoria. Hechos I Mediante tres instancias suscritas por don I. G. N., abogado, en nombre y representación de la entidad «Promociones Las Cañaicas, SL», se solicitó la cancelación de la condición resolutoria inscrita en las fincas registrales números 12.772; 12.777 y 13.358, 13.359, 13.360, 13.361, 13.362, 13.363, 13.364, 13.365, 13.366, 13.367, 13.368, 13.369, 13.370, 13.371, 13.372, 13.373, 13.374, 13.375, 13.376, 13.377, 13.378, 13.379, 13.380, 13.381, 13.382, 13.383, 13.384, 13.385, 13.386, 13.387, 13.388, 13.389, 13.390, 13.391, 13.392, 13.393, 13.394, 13.395, 13.396, 13.397, 13.398, 13.399, 13.400, 13.401, 13.402, 13.403, 13.404, 13.405, 13.406, 13.407, 13.408, 13.409, 13.410, 13.411, 13.412 y 13.413, todas del término municipal de Zurgena. Dicha condición resolutoria tenía su origen respectivo en contratos de permuta formalizados mediante escrituras otorgadas ante el notario de Granada, don Mariano Expedito Gil Gil-Albaladejo, los días 4 de julio y 1 de septiembre de 2006, con los número 2.303, 2.324 y 2.894 de protocolo, en las que se pactó que el incumplimiento por parte de la citada sociedad de su obligación de construir determinadas viviendas objeto de permuta y entregarlas en el plazo de doce meses tendría el carácter de condición resolutoria. II Presentados dichos documentos en el Registro de la Propiedad de Huércal-Overa, fueron objeto de sendas calificaciones con el siguiente contenido: «La Registradora de la propiedad que suscribe, previo examen y calificación de la precedente instancia, de conformidad con los artículos 18 y 19 Bis de la Ley Hipotecaria, ha resuelto no practicar la cancelación solicitada, por apreciar el defecto que se basa en la consideración de los siguientes: Hechos. No procede la cancelación por caducidad solicitada, toda vez no resulta aplicable el artículo 82.5 de la Ley hipotecaria que se aplica a las condiciones resolutorias en garantía de precio aplazado o a las hipotecas en garantía de obligaciones. Como declara la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe publica, las condiciones resolutorias en los contratos de permuta no pueden ser objeto de cancelación por caducidad por su naturaleza más compleja, pues ni es aplicable el artículo 82.5 LH, al no ser compraventas, ni el artículo 13 RH que sólo se refiere a la inscripción, no a la cancelación de estas condiciones resolutorias en permutas. Por tanto para la cancelación se requiere el consentimiento de sus titulares o resolución judicial conforme al artículo 82.1 de la Ley Hipotecaria: “Las inscripciones hechas en virtud de escritura pública no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico en la cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos.” Si bien la cancelación por caducidad del artículo 82.5 LH no se aplica a las condiciones de las permutas si procede la del 210.8 LH cuyo ámbito de aplicación es mayor. pues incluye no Sólo hipotecas y condiciones resolutorias de compraventa con precio aplazado, sino también cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales (entre las que se encuentran las condiciones resolutorias en las permutas) y permite la cancelación cuando “hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía”. En este sentido la Resolución de 2 de diciembre de 2015 plenamente aplicable al supuesto que examinamos, así como la Reso
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