Habiéndose suscrito el 24 de junio de 2025 convenio entre el organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Comunidad Autónoma de Aragón para el intercambio de información de datos del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 4 de julio de 2025.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Comunidad Autónoma de Aragón para el intercambio de información de datos del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico Madrid, 24 de junio de 2025. REUNIDOS De una parte, don Pere Navarro Olivella, presidente del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, adscrito al Ministerio del Interior, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 838/2018, de 6 de julio (BOE núm. 164, de 7 de julio de 2018), y con domicilio a los efectos del presente convenio en Madrid, 28071, calle Josefa Valcárcel, n.º 28, a quien corresponde las funciones señaladas en el artículo 12 del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Y de otra parte, don Roberto Bermúdez de Castro Mur, Consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, nombrado por Decreto de 12 de julio de 2024, del Presidente del Gobierno de Aragón, facultado para la firma del presente convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de diciembre de 2024, y con domicilio, a los efectos del presente convenio, en Zaragoza 50001, Plaza de los Sitios, núm. 7, a quien corresponde el ejercicio de las competencias atribuidas a las áreas orgánicas y funcionales señaladas en el Decreto 105/2024, de 13 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y, a tal efecto, EXPONEN Primero. El artículo 155.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala la necesidad de que las Administraciones faciliten el acceso de restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Este acceso estará limitado estrictamente a aquellos datos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos, y siempre con respeto a la normativa de protección de datos. Segundo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya en su preámbulo propugna la obligación de generalizar como procedimiento común y no especial, la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, «en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados». En esta misma línea, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge en su parte expositiva el mismo espíritu que la Ley 39/2015, y en su artículo 3, que viene a desarrollar los principios generales, dispone que «Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos