Habiéndose suscrito el 24 de junio de 2025 convenio entre el organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Agencia Tributaria Canaria para el intercambio de información de datos del registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 4 de julio de 2025.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Agencia Tributaria Canaria para el intercambio de información de datos del registro de vehículos de la Dirección General de Trafico Madrid, 24 de junio de 2025. REUNIDOS De una parte, don Pere Navarro Olivella, presidente del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico (JCT), adscrito al Ministerio del Interior, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 838/2018, de 10 de julio, (BOE núm. 164 de 7 de julio de 2018), y con domicilio a los efectos del presente convenio en Madrid, 28071, calle Josefa Valcárcel, n.º 28, a quien corresponde las funciones señaladas en el artículo 12 del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. De otra parte, doña Raquel Peligero Molina, que interviene en nombre y representación de la Agencia Tributaria Canaria (en adelante ATC), en uso de las facultades que le atribuye el artículo 12.2.A).f) de la Ley 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria, puesto en relación con el Decreto 332/2019, de 26 de septiembre (BOC n.º 188, de 30 de septiembre de 2019) relativo a su nombramiento. Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y, a tal efecto EXPONEN Primero. El artículo 155.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala la necesidad de que las Administraciones faciliten el acceso de restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Este acceso estará limitado estrictamente a aquellos datos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos, y siempre con respeto a la normativa de protección de datos. Segundo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya en su preámbulo propugna la obligación de generalizar como procedimiento común y no especial, la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, «en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados». En esta misma línea la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge en su parte expositiva el mismo espíritu que la Ley 39/2015, y en su artículo 3, que viene a desarrollar los principios generales, dispone que «Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta