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Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las medidas para la mejora de la competitividad del destino turístico contempladas en el Plan de Impulso del Sector Turístico, ejercicios 2020 a 2021.

Cortes Generales

BOE-A-2025-14669

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Texto literal del BOE, sin resumir

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 8 de mayo de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las medidas para la mejora de la competitividad del destino turístico contempladas en el Plan de Impulso del Sector Turístico, ejercicios 2020 a 2021, acuerda: 1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas en el Informe de fiscalización de las medidas para la mejora de la competitividad del destino turístico contempladas en el Plan de Impulso del Sector Turístico, ejercicios 2020 a 2021. 2. Mostrar el acuerdo con el Informe de fiscalización de las medidas para la mejora de la competitividad del destino turístico contempladas en el Plan de Impulso del Sector Turístico, ejercicios 2020 a 2021, sin perjuicio de las resoluciones que se aprueben. 3. Instar al Ministerio de Industria y Turismo a estudiar una mayor dotación de recursos humanos para la Secretaría de Estado de Turismo. 4. Instar a la Secretaría de Estado de Turismo a: – Trabajar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Sectorial de Turismo o estudiar la creación de una plataforma informática que permita sistematizar el seguimiento. – Establecer los mecanismos de seguimiento específicos para la aplicación de recursos destinados a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en el marco del Plan de Impulso del Sector Turístico que quedan aún por realizarse y verificar si realmente se han destinado a su financiación los 75 millones de euros previstos en el Plan de Impulso del Sector Turístico, requiriendo que se informe sobre los resultados de dicho seguimiento y las medidas adoptadas para garantizar la correcta aplicación de los fondos. – Suscribir con el Instituto de Crédito Oficial los convenios necesarios para revisar las comisiones pertinentes como administrador financiero del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística, Fondo Financiero del Estado para la competitividad turística. – Implementar sistemas informáticos que permitan realizar conciliaciones periódicas entre el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística y el Instituto de Crédito Oficial, pues hay saldos pendientes de amortizar. – Analizar al detalle y poner de manifiesto ante el Tribunal de cuentas, los motivos por los cuales el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística estuvo inactivo de 2012 a 2021. – Implementar manuales de procedimientos internos para los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, involucrando a las comunidades autónomas. – Implementar una plataforma informática que permita compartir la información que generan las tres administraciones públicas, favoreciendo la trazabilidad de documentos. – Analizar la valoración de toda la documentación entre administraciones y medir los resultados. – Adecuar las transferencias de la Secretaría de Estado de Turismo por anualidades. – Verificar si seguimiento de los recursos destinados a la implementación de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, que son 75 millones de euros, según los Planes de Impulso del Sector Turístico. – Continuar trabajando en la resolución de los expedientes antiguos, de forma que no se unan a los que puedan derivarse de los nuevos préstamos en la nueva etapa del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística. – Estudiar la implantación de una aplicación informática adecuada, dado que aún queda por amortizar un número elevado de préstamos vivos y, más aún, considerando la posible concesión de nuevos préstamos del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística en futuras convocatorias a partir de 2022. – Estudiar la elaboración de un manual de procedimiento interno o protocolo de actuación. – Estudiar la implantación de una aplicación informática adecuada, además de gestor documental. – Instar a las Administraciones regionales, dada la antigüedad de los expedientes abiertos de este tipo, a res