Habiéndose suscrito el 4 de julio de 2025 el Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y el Ayuntamiento de Tomiño para el desarrollo del programa «Palabras Libres para Mujeres Presas», procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 10 de julio de 2025.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y el Ayuntamiento de Tomiño para el desarrollo del programa «Palabras Libres para Mujeres Presas» Madrid, 4 de julio de 2025. REUNIDOS De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de junio, actuando por delegación de competencias, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.6 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid. Y, de otra parte, doña Sandra González Álvarez, Alcaldesa del Ayuntamiento de Tomiño (en adelante, el Ayuntamiento de Tomiño), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno sesión plenaria extraordinaria del 17 junio 2023, actuando en nombre y en representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente convenio en Praza Do Seixo, 1 – 36740 Tomiño (Pontevedra). Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Segundo. Que el artículo 25.2 de la Constitución Española y el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establecen como fin primordial de las penas y medidas penales privativas de libertad la reeducación y reinserción social. Asimismo, la mencionada ley señala que para conseguir dicho objetivo deben desarrollarse programas socioculturales, educativos, formativos y asistenciales. Tercero. Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, y el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Cuarto. Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe poner a disposición de las personas internas en los Centros Penitenciarios los recursos necesarios para la mejora de su desarrollo personal y facilitar así su integración en la sociedad una vez que hayan cumplido la pena que les ha sido impuesta. En concreto, corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre otras, las siguientes funciones: – La organización y gestión de las instituciones penitenciarias. – El impulso y coordinación de programas de intervención con los internos