La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, dispone, en su artículo 2.2, que conforman las políticas activas de empleo el conjunto de decisiones, medidas, servicios y programas orientados a la contribución a la mejora de la empleabilidad y reducción del desempleo, al pleno desarrollo del derecho al empleo digno, estable y de calidad, a la generación de trabajo decente y a la consecución del objetivo de pleno empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 40 de la Constitución Española y en el marco de la estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea. La citada Ley 3/2023, de 28 de febrero, en su disposición transitoria segunda, establece que, hasta tanto no entre en funcionamiento efectivo la Agencia Española de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal asumirá el ejercicio de las funciones recogidas en el artículo 22 de esta ley que se adecúen al contenido de las funciones encomendadas por el artículo 18 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. Así, el Servicio Público de Empleo Estatal tiene entre sus funciones las de gestionar, con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos, los servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos y las instituciones que forman el sector público estatal, para la realización de acciones formativas, entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, así como la ejecución de obras y servicios de interés general y social, relativos a competencias exclusivas del Estado. Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal asumirá las restantes competencias que legal o reglamentariamente se le atribuyan. De otra parte, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 38, contempla el supuesto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado previsto en el artículo 134.3 de la Constitución Española, de manera que se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial del Estado». En particular, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, contiene determinadas disposiciones relacionadas con las subvenciones que son objeto de regulación por este real decreto. En primer lugar, su disposición adicional nonagésima sexta prevé la gestión por el Servicio Público de Empleo Estatal de determinados servicios y programas financiados con cargo a la reserva de crédito de su presupuesto de gastos. En concreto, contempla determinadas aplicaciones destinadas a financiar, mediante subvenciones nominativas, la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con organismos de la Administración General del Estado, bien porque estos últimos no pueden realizar esta colaboración con las administraciones autonómicas, o bien porque las competencias o funciones a realizar no han sido objeto de traspaso a ninguna comunidad autónoma, como en el caso de las funciones realizadas por el Instituto de la Juventud (INJUVE), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Jefatura Central de Tráfico, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Biblioteca Nacional de España (BNE) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN). Por ello, el Servicio Público de Empleo Estatal es el orga