I La creación del comité Ejecutivo del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA obedece a la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA, el cual requiere, tal y como se establece en el apartado decimotercero de la Orden PJC/459/2025, de 9 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de mayo de 2025, por el que se establecen las condiciones del mecanismo para la financiación de empresas afectadas por la DANA a través del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), F.C.P.J., Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA, de la existencia de un Comité que decida sobre la aprobación o no de la financiación, así como del resto de funciones recogidas en el Convenio entre el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., y el Ministerio de Industria y Turismo, para la instrumentación y gobernanza de la línea de financiación ICO-DANA-FOCIT con cargo al fondo financiero del estado para la competitividad turística F.C.P.J (FOCIT). Por otra parte, mediante el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales se ha determinado una nueva estructura de los Departamentos ministeriales, estableciéndose, en su artículo 10, que corresponde al Ministerio de Industria y Turismo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria y turismo. Posteriormente, mediante el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales se ha establecido la estructura orgánica básica de los nuevos Departamentos ministeriales, hasta el nivel orgánico de dirección general, desarrollándose la estructura del Ministerio de Industria y Turismo en los órganos superiores y directivos que se indican en su artículo 9. Por su parte, el Real Decreto 409/2024, de 23 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Turismo, desarrolló su estructura hasta el nivel orgánico de subdirección general, definiendo asimismo las competencias de cada uno de sus órganos. El sector industrial de un país constituye un pilar fundamental de su tejido económico, no solo desde el punto de vista de su aportación cuantitativa a la producción y el empleo nacionales, sino desde el relativo a sus beneficios colaterales sobre la economía y sobre la sociedad en su conjunto. La crisis que desde 2020 está poniendo a prueba a las economías de todo el mundo, provocada por el enorme impacto inicial de la pandemia y la situación geopolítica actual muestran que es crítico contar con capacidades industriales para dar respuesta a desafíos apenas conocidos hasta ahora, como el desabastecimiento de bienes finales básicos o la ruptura de cadenas de suministro internacionales. En la medida que estos desafíos tienen un inmenso potencial de comprometer la continuidad operativa del conjunto de la economía, el bienestar social e incluso la salud y la vida de las personas, una nueva perspectiva del papel de la industria y de la necesidad de fortalecerla y de dotar su ordenación con nuevos instrumentos, algunos de ellos jurídicos, se hace necesaria. A lo anterior, y como tendencias de fondo ya preexistentes a la actual crisis, se suman las transiciones en las que todo el mundo occidental, con especial énfasis los países de nuestro entorno europeo, está inmerso para transformar sus economías en lo digital y en lo medioambiental, transiciones a las que la industria está siendo y deberá ser un contribuyente de primer orden. En este contexto, los indicadores ponen de manifiesto que España tiene todavía un recorrido importante y realizable de crecimiento de su sector industrial. Es finalidad de la política industrial en España el contribuir a la reindustrialización de España aprovechando la transición ecológica y la innovación como palancas de competitividad, impulsando una industria de cero emisiones netas de aquí a 2050 y reforzando las capacidades product