La Administración General del Estado está liderando un proceso de transformación para adaptar su organización a un contexto caracterizado por la complejidad y velocidad a la que se suceden los cambios y reforzar la calidad de los servicios públicos para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para ello el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y la Orden TDF/380/2024, de 26 de abril, sobre planificación estratégica de los recursos humanos de la Administración del Estado, colocaron en el centro del modelo la planificación de recursos humanos como principio organizador de la inversión en capacidades administrativas. Los recursos humanos son, junto con los recursos tecnológicos y los datos, los principales insumos en un sistema de producción de bienes y servicios públicos cuyo objetivo final es la satisfacción de las demandas ciudadanas. En este sentido, la oferta de empleo público, como acto por el que se definen y cuantifican los efectivos en función de las necesidades de los departamentos ministeriales y de las políticas públicas prioritarias del Gobierno, es uno de los instrumentos de transformación más relevantes, porque ordena las entradas en el sistema y define los perfiles profesionales de la administración del futuro, con consecuencias en toda una generación de empleados y empleadas públicos. En 2024, la Secretaría de Estado de Función Pública, en su papel coordinador de los órganos de recursos humanos, de las inspecciones de servicios y de las unidades TIC de los departamentos ministeriales, impulsó el Consenso por una Administración Abierta, una hoja de ruta para la transformación de la Administración del Estado construida de forma innovadora y participativa. Se estructura en cuatro ejes y dieciocho proyectos que conforman una administración abierta a la inversión en las capacidades del sector público, a las políticas públicas informadas por la evidencia y a participación, a la ciudadanía y a la transparencia, participación pública y rendición de cuentas. Dentro del primer eje, dedicado a la inversión en capacidades humanas y tecnológicas, se encuentra el proyecto dos de gestión previsional de recursos, que pretende vincular la detección de necesidades de recursos humanos y tecnológicos a la estructura funcional de la Administración. El objetivo es construir una metodología basada en datos que permita anticipar las necesidades de la organización, tanto en su dimensión cualitativa, al definir los perfiles competenciales a incorporar, como la cuantitativa, vinculada a una medición objetiva de las cargas de trabajo. Con esos datos, la planificación de recursos humanos debe gobernar, desde una perspectiva de digitalización humanista, las profundas transformaciones en el ámbito de la tecnología y la inteligencia artificial, para construir una Administración de altas capacidades, basada siempre en un empleo público fuerte, innovador e inclusivo. La oferta de empleo público de 2025 se sitúa de lleno en esa hoja de ruta de transformación y pretende actuar como palanca del cambio que permita lograr una transición a las futuras ofertas de empleo público de nueva generación, que se basen en la metodología de gestión previsional de recursos. Para ello, esta oferta de empleo público consolida las tendencias de los últimos años e introduce importantes novedades. En primer lugar, sigue apostando por la recuperación progresiva y sostenible del empleo público, manteniendo un flujo de entrada de nuevos ingresos en el sistema por encima de la pérdida de efectivos. Las ofertas de empleo público desde 2022 han generado durante tres años consecutivos empleo neto, superando la mera reposición de efectivos en más de un 40%, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas. En 2024 e