En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo esta Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón. PREÁMBULO Es una constante en las últimas décadas que los datos y estadísticas del impacto de las empresas familiares sobre la economía nacional, y específicamente en la aragonesa, confirman lo que intuitivamente se percibe de las mismas: son las más numerosas, no en vano más de 28.000 empresas aragonesas tienen tal carácter, y dan empleo a un gran número de trabajadores (alrededor de 165.000 según recientes estudios). Es también difícilmente rebatible su contribución al crecimiento económico y al desarrollo social de Aragón, siendo especialmente sensibles a la inversión en capital humano y a la modernización de los sistemas de gestión y la utilización de nuevas tecnologías. Resulta además digna de mención la vinculación que, por su carácter multigeneracional, mantienen con nuestra comunidad autónoma. Vinculación que no es incompatible con un deseable grado de internacionalización, siempre de la mayor importancia, y que tan relevantes retornos de todo tipo supone en los ámbitos social y económico de nuestra región. Con base en estas consideraciones, se estima oportuno el establecimiento de una serie de beneficios fiscales que encuentran su justificación en la aceptación de que la política tributaria favorezca el mantenimiento y la transmisión intergeneracional de estas empresas familiares, siempre que vengan demostrando una especial vinculación con el tejido productivo autonómico. En la tesitura de proteger e incentivar fiscalmente a las empresas familiares, el principal condicionante de la acción legislativa de las Cortes de Aragón es, como no puede ser de otro modo, el marco que traza el bloque de constitucionalidad sobre la capacidad normativa autonómica. De los límites que se derivan de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, resulta la inviabilidad de actuar sobre los principales impuestos que gravan su actividad: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin embargo, en una de las decisiones más relevantes sobre este tipo de empresa, su transmisión intergeneracional, la capacidad autonómica sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones resulta especialmente idónea. Ejemplifica bien la relevancia de esta decisión el que hace ya 30 años la Unión Europea, cuando todavía ejercía como «Comunidades Europeas», aprobó una Recomendación sobre la transmisión de las pequeñas y medianas empresas. El espíritu y la finalidad que animaban tal instrumento –la Recomendación de la Comisión de 7 de octubre de 1994 sobre transmisión de las pequeñas y medianas empresas– siguen plenamente vigentes y pueden considerarse guía de las medidas que incorpora esta ley. En Aragón ya se ha legislado en el pasado sobre la empresa familiar, estando actualmente vigente una alta protección fiscal de su transmisión lucrativa, mortis causa o inter vivos, al existir una reducción de la base imponible del 99 % del valor de lo adquirido. Al tratarse de un beneficio de gran trascendencia no es ocioso apuntar que, facilitando la transmisión empresarial, también se protegen, como objetivos públicos especialmente relevantes, el empleo y su contribución a la riqueza regional. Después de haber atendido y analizado con las personas e instituciones interesadas, en los trabajos preliminares del proyecto normativo, los efectos prácticos de esos beneficios, lo que pretende aportar esta ley es, con carácter principal, seguridad