Resolución de 2 de julio de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Dehesa PV Farm 04, SL, la declaración, en concreto, de utilidad pública, para la instalación fotovoltaica «Caparacena 400», de 222,09 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en Iznalloz, Piñar, Deifontes, Albolote, Atarfe, Colomera y Moclín (Granada).
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
BOE-A-2025-14870
Texto literal del BOE, sin resumir
La Dirección General de Política Energética y Minas emitió, con fecha 21 de abril de 2023, Resolución por la que se otorga a Dehesa PV Farm 04, SL (en adelante, el promotor) autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica «Caparacena 400» de 217,56 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Iznalloz, Piñar, Deifontes Albolote, Atarfe, Colomera y Moclín, en la provincia de Granada (en adelante, resolución de autorización administrativa previa), publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 129, de 31 de mayo de 2023. La Dirección General de Política Energética y Minas emitió, con fecha 20 de julio de 2024, Resolución por la que se otorga a Dehesa PV Farm 04, SL, autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica «Caparacena 400», de 222,09 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Iznalloz, Piñar, Deifontes Albolote, Atarfe, Colomera y Moclín, en la provincia de Granada. En relación a la solicitud de la declaración, en concreto, de utilidad pública, con fecha 14 de marzo de 2024 se recibe en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Granada, escrito del promotor para la activación del trámite de declaración de utilidad pública de la instalación solar fotovoltaica «Caparacena 400», de 222,09 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los términos municipales de Iznalloz, Piñar, Deifontes Albolote, Atarfe, Colomera y Moclín, en la provincia de Granada. El expediente fue incoado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Granada y se tramitó de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, habiéndose solicitado los correspondientes informes a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo. Se ha recibido contestación de la que no se desprende oposición de la Diputación Provincial de Granada, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía y de Red Eléctrica de España, SAU. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, quien expresa su conformidad con las mismas. Se ha recibido contestación del Ayuntamiento de Moclín, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en las que se establecen condicionados técnicos y/o consideraciones y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización ante dichos organismos por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, el cual expresa su conformidad con las mismas. Se ha recibido contestación de Ecologistas en Acción Granada, que se oponen a la declaración de utilidad pública del proyecto por considerar que no queda justificado su interés social y alegando diversas consideraciones de carácter medioambiental. Se ha dado traslado al promotor, quien responde que la justificación de la utilidad pública viene fundamentada en base al artículo 54 de la Ley del Sector Eléctrico y se remite, en cuestiones medioambientales, al hech
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