Con fecha 7 de julio de 2025, se ha suscrito Convenio entre la Abogacía General del Estado y UDIMA (Universidad a distancia de Madrid) para el desarrollo de prácticas externas no retribuidas de sus estudiantes. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anejo a esta resolución. Madrid, 11 de julio de 2025.–El Abogado General del Estado, David Segundo Vilas Álvarez. ANEJO Convenio entre la Abogacía General del Estado y la Universidad a Distancia de Madrid para el desarrollo de prácticas externas no retribuidas de sus estudiantes REUNIDOS De una parte, don David Segundo Vilas Álvarez en su condición de Abogado General del Estado, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 578/2024, de 18 de junio, quien actúa en virtud de la delegación conferida a su favor por el ministro de Justicia y recogida en la disposición octava de la Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre, sobre delegación de competencias y fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos. Y de otra parte, el Rector don Eugenio Lanzadera Arencibia de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) en nombre y representación de ésta, según nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 21 de febrero de 2024, en nombre y representación de la misma, en virtud de las facultades que tiene conferidas en el artículo 19.a) y f) del Decreto 38/2014, de 10 de abril del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad a Distancia de Madrid (BOCM 16 de abril de 2014). Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que la Abogacía General del Estado adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con nivel orgánico de subsecretaría, es el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, con las competencias y funciones contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, y en el Real Decreto 1057/2024, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado. Segundo. Por su parte, la Universidad a Distancia de Madrid (en adelante Universidad) goza de autonomía, de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. El artículo 3.2.q) de esta última norma establece que dicha autonomía comprende, entre otros aspectos «q) El establecimiento de relaciones con otras universidades, instituciones, organismos, Corporaciones de Derecho Público, Administraciones Públicas o empresas y entidades locales, nacionales e internacionales, con el objeto de desarrollar algunas de las funciones que le son propias a la Universidad». Tercero. Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación en el desarrollo de un programa de prácticas académicas formativas para que los estudiantes de la Universidad puedan realizar actividades suplementarias de formación, no remuneradas, en la Abogacía General del Estado (en adelante AGE) que les permitan a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. Cuarto. Que el presente convenio, enmarcado en lo que estipula la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), se establece según lo contemplado en