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Resolución de 22 de julio de 2025, conjunta del Instituto Nacional de Administración Pública y de la Dirección General de Gobernanza Pública, por la que se publica la nueva relación de personas admitidas a la X edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado.

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

BOE-A-2025-15420

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Texto literal del BOE, sin resumir

Mediante la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre (BOE núm. 313, de 30 de noviembre de 2020), se regula el curso sobre el desarrollo de la función inspectora den la Administración General del Estado. Por Resolución del 21 de marzo de 2025, (BOE núm. 74, de 27 marzo), se convocó el X curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, anteriormente citada y lo dispuesto en la base novena de la Resolución de 21 de marzo de 2025, por la que se convoca el X curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado, la Comisión de valoración de méritos elevó propuesta de las personas admitidas y de los eventuales suplentes a la X edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora a la Dirección del INAP y a la Dirección General de Gobernanza Pública. Asimismo, elevando también la relación de los dos participantes de la IX edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado, convocada por Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Instituto Nacional de Administración Pública, acogidos al artículo 8.4 de la citada Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, cuya condición ha quedado acreditada. Vista esa propuesta de la Comisión de valoración de méritos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre, se procedió a dictar la Resolución conjunta de 11 de junio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y de la Dirección General de Gobernanza Pública (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 142, de 13 de junio de 2025), por la que se hizo pública la relación de admitidos a la X edición del curso (anexo I de la misma) así como la relación de las personas suplentes, y en anexo II la relación de personas participantes exentas de la primera parte, acogidos al artículo 8.4 de la Orden TFP/1125/2020, de 25 de noviembre. Con posterioridad a esta publicación, con fecha 16 de junio de 2025, doña María del Pilar Vara del Río, con DNI ***4173**, presentó recurso potestativo de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la Resolución conjunta del Instituto Nacional de Administración Pública y de la Dirección General de Gobernanza Pública de 11 de junio de 2025, por la que se publica la relación de personas admitidas a la X edición del curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado. En el escrito de recurso se argumentó la presentación de instancia por la recurrente en tiempo y forma y la necesidad de valoración de dicha solicitud por parte de la Comisión de Valoración. Por un error imputable a la Administración, dicha solicitud no fue incorporada al expediente para su análisis por parte del órgano de valoración, lo que impidió aplicar los criterios de selección establecidos en la convocatoria. Esta circunstancia no puede calificarse como un simple error material de transcripción en la resolución definitiva, sino como una omisión sustancial en la tramitación del procedimiento que impidió valorar una solicitud presentada en tiempo y forma. Por tanto, no concurre un supuesto de error material susceptible de rectificación directa, sino un vicio que afecta al fondo del procedimiento. La exclusión de la solicitud presentada por la persona recurrente, debida a su no incorporación a la fase de valoración por causas imputables exclusivamente a la Administración, constituye un defecto sustancial en la instrucción del procedimiento. Si bien este vicio no se puede calificarse como nulidad de pleno derecho en los términos del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya que el procedimiento se desarrolló formalmente para el resto de los participantes y no puede afirmar