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Resolución de 25 de junio de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa emitida por la registradora de la propiedad de Córdoba n.º 7 de una instancia de solicitud de asignación de número de registro de alquiler de corta duración para destinar un piso a actividad turística.

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-15558

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Texto literal del BOE, sin resumir

En el recurso interpuesto por don J. L. G. R. contra la calificación negativa emitida por la registradora de la Propiedad de Córdoba número 7, doña Marta Albert Sánchez, de una instancia de solicitud de asignación de número registro de alquiler de corta duración para destinar un piso a actividad turística. Hechos I El día 13 de marzo de 2025 don J. L. G. R. presentó, en el Registro de la Propiedad de Córdoba número 7, instancia de solicitud de asignación de número registro de alquiler de corta duración para destinar un piso a actividad turística, finca con referencia catastral número 3956801UG4935N0177LU. Se aportó, junto con la solicitud, la resolución administrativa por la que se concedía la inscripción de la vivienda con fines turísticos de fecha 21 de septiembre de 2023. II Presentada dicha instancia en el Registro de la Propiedad de Córdoba número 7, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Marta Albert Sánchez, Registradora de la Propiedad del Número 7 de Córdoba, ha calificado negativamente el documento que se reseña en los “hechos” de acuerdo con lo previsto en el artículo 19-bis de la Ley Hipotecaria, con arreglo a los siguientes “Hechos” y “Fundamentos de Derecho”: Hechos. Se presenta instancia de solicitud de asignación de número de Registro de Alquiler de Corta Duración para destinar un piso a actividad turística, la cual ha motivado el día 13 de marzo de 2025, el asiento 578 del Diario 2025. Se aporta, junto con la solicitud, la resolución administrativa por la que se concede la inscripción de la vivienda con fines turísticos firmada con fecha 21 de septiembre de 2023. De los antecedentes de este Registro resulta la inscripción de una modificación en los Estatutos de la Comunidad de propietarios a la que pertenece el inmueble con la prohibición expresa de la utilización de las viviendas con fines turísticos. Dicho acuerdo de comunidad es de fecha anterior a la obtención de la resolución administrativa, en concreto el acuerdo de comunidad es de fecha 5 de julio de 2023. Se formalizó en escritura de fecha 9 de julio de 2.024 y se practicó la inscripción el 8 de noviembre de dicho año. Según se hizo constar en el certificado de la Junta de comunidad de propietarios el acuerdo fue aprobado por los asistentes y se notificó a los ausentes que no manifestaron su oposición en el plazo legal correspondiente, razón por la cual, se procedió a la inscripción del citado acuerdo. Por lo expuesto procede denegar la asignación del citado número de registro hasta que sea modificado el acuerdo de comunidad indicado. Fundamentos de Derecho. En el artículo 10.1 segundo inciso se hace referencia a cómo tales acuerdos de comunidad son tenidos en cuenta para la calificación al disponer: “En esta calificación se comprobará toda la documentación presentada de acuerdo con el artículo anterior, asegurando la no existencia de elementos obstativos para ella, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y los posibles acuerdos de la comunidad de vecinos conforme a la Ley 49/1960, de 21 de julio”. La regulación de los acuerdos comunitarios en la materia resulta del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal según la cual “El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994. de 24 de noviembre. de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %. Estos acuerdos no