Suscrito el Convenio entre el OA, Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la cesión del uso diversas aplicaciones informáticas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado convenio, que figura como anexo de esta resolución. Madrid, 28 de julio de 2025.–El Secretario General Técnico, Noel Rodríguez García. ANEXO Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la cesión del uso de diversas aplicaciones informáticas REUNIDOS De una parte, doña Cristina Fernández González, que interviene como Directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 21/2024, de 9 de enero, en quien recaen las funciones de representación del citado Organismo Estatal, así como su dirección y gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de los Estatutos del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobados por el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, siendo competente para la firma del presente convenio, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 e) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y artículo 8.3 g) de los ya citados Estatutos del Organismo Autónomo, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Y de otra, don Eduardo Arasti Barca, que interviene en su condición de Consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, nombrado por Decreto 7/2023, de 7 de julio, y actuando en nombre y representación del Gobierno de Cantabria. Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir, por lo que EXPONEN La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, supuso un avance en el uso de medios electrónicos en el ámbito de las administraciones públicas, al establecer que la tramitación electrónica debe ser la forma habitual de funcionamiento de estas y de su relación con los ciudadanos. Sobre ese presupuesto, la ley se orienta hacia una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de tramitación. En el mismo principio se inspira la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público, que establece la obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos. Esta previsión se desarrolla en la propia ley al abordar la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En este contexto, el procedimiento administrativo sancionador en el orden social es un claro ejemplo en el que el marco jurídico expuesto debe desplegar toda su eficacia. En efecto, el procedimiento sancionador en el orden social implica la intervención de varias administraciones, estatales y autonómicas, que realizan trámites encaminados a emitir una resolución. Es preciso que esas administraciones intervinientes en el procedimiento administrativo cooperen para facilitar al interesado la tramitación del procedimiento. Con esta finalidad, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha desarrollado, de manera coordinada con las comunidades autónomas, la aplicación Ariadna, que permite la tramitación electrónica del procedimiento sancionador en un entorno compartido entre el Organismo Estatal y otras autoridades competentes para iniciar actuaciones