La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 24 de junio de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las medidas implantadas por los municipios con población entre 100.000 y 200.000 habitantes para la protección del informante, ejercicio 2023, acuerda: 1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas en el Informe de fiscalización de las medidas implantadas por los municipios con población entre 100.000 y 200.000 habitantes para la protección del informante, ejercicio 2023. 2. Mostrar el acuerdo con el Informe de fiscalización de las medidas implantadas por los municipios con población entre 100.000 y 200.000 habitantes para la protección del informante, ejercicio 2023, tornando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad. 3. Instar al Gobierno a: – Facilitar a los ayuntamientos el apoyo técnico y financiero necesario para adaptar un mayor número de vías para la recepción de comunicaciones. – Generar un protocolo que recoja las distintas categorías predeterminadas en materia de información a comunicar, homogéneo y adaptado a la realidad municipal, que permita obtener la mayor información a partir de los registros realizados. – Remitir a todos los ayuntamientos modelos normalizados para el registro, de forma escrita, de las comunicaciones. – Definir, adecuadamente y atendiendo a la realidad municipal, especialmente en los municipios de menor población, los conflictos de intereses de los responsables designados, prestando especial cuidado a aquellos municipios en que la limitación de recursos complica la reasignación de funciones. – Regular reglamentariamente los supuestos de gestión y tramitación de la información recibida, facilitando la labor municipal en el desarrollo de esta función. – Poner en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección del Informante, a nivel estatal, facilitando su colaboración, tanto con administraciones autonómicas, como con las entidades locales. – Establecer mecanismos de coordinación en las actuaciones que supongan la múltiple recepción de una misma comunicación garantizando, en todo caso, la confidencialidad del informante. – Establecer un sistema común y homogéneo de indicadores que permitan realizar evaluaciones periódicas de los sistemas internos de información, así como conocer su realidad y problemática en las distintas realidades que presenta la administración local. – Estudiar la modificación puntual de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local a fin de reconocer explícitamente a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y revisar el marco económico-financiero aplicable a las mismas, garantizando una supervisión adecuada, pero no restrictiva ni limitante, que permita a dichas entidades el cumplimiento de sus funciones básicas en favor de sus vecinos, especialmente en lo relativo a servicios públicos esenciales. – Que esta revisión respete los principios de subsidiariedad y unidad política, evitando cualquier intento de creación de estructuras paralelas o atomización administrativa, y valorando la singularidad histórica de algunas las entidades de ámbito territorial inferior al municipio con fuerte arraigo local y tradición de autogobierno. 4. Instar a los municipios con población entre 100.000 y 200.000 habitantes a: – Habilitar el mayor número de vías para la recepción de comunicaciones, al objeto de facilitar su presentación por las personas que pudieran estar interesadas. – Establecer en sus formularios web categorías predeterminadas de materias de las informaciones a comunicar, identificar perfiles de denunciantes al objeto de agilizar el análisis