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Resolución de 10 de junio de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022.

Cortes Generales

BOE-A-2025-17018

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Texto literal del BOE, sin resumir

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de junio de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022, acuerda: 1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas del Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022. 2. Mostrar su acuerdo con el Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad. 3. Instar al Gobierno a: – Promover cualesquiera medidas que sean necesarias y, en particular, de carácter sancionador o disuasorio, al objeto de garantizar el cumplimiento normativo en materia de rendición de cuentas por parte de las entidades locales. – Revisar y actualizar las reglas fiscales a la situación económico-financiera actual del conjunto agregado de las entidades locales, adaptándolas a la actual coyuntura de la Administración local, manteniendo los criterios que permiten el saneamiento de las cuentas locales, pero facilitando una expansión financiera de las haciendas locales que permita atender, con solvencia, las competencias municipales. – Establecer un sistema de contabilidad hiper simplificado para que las entidades locales de menor tamaño y con menor dotación de recursos puedan atender las obligaciones de gestión económico-presupuestaria y de rendición de cuentas en plazo. – Actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales neutralizando así la merma sufrida por las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado. – Homogeneizar la fecha de rendición de cuentas para todas las Entidades locales españolas en el 31 de octubre del año inmediato posterior al ejercicio correspondiente. – Promover la creación y entrada en vigor del estatuto básico de los municipios de menor población, reconociendo las especificidades de estas entidades, reduciendo la carga burocrática en su gestión y sus relaciones con entidades supramunicipales y mejorando sus condiciones de financiación. – Incrementar las plazas activas de habilitados de carácter nacional para atender el desempeño de los puestos de secretaría, intervención y tesorería en las entidades locales. – Revisar en profundidad la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como todas las disposiciones legales que la modifican y actualizan, a efectos de dotar de una adecuada financiación al sector público local. – Dotar de un mecanismo ágil y de trámites burocráticos mínimos para que, las entidades locales con entidades instrumentales inactivas o en situación de disolución, puedan proceder a su liquidación, extinción definitiva y baja en el Registro de Entidades Locales. – Suspender las reglas fiscales para los años 2025 y 2026 a todos los municipios afectados por las inundaciones de octubre y noviembre de 2024. – Avanzar en la transformación digital, en particular, con la introducción de mecanismos de ciberseguridad, incorporando sistemas de inteligencia artificial con el objetivo de mejorar los servicios que prestan. 4. Instar al Ministerio de Hacienda a considerar y practicar por los órganos competentes la retención de la participación en los tributos del Estado, prevista de manera potestativa en el artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, a aquellas entidades locales que incumplan la obligación de rendir sus cuentas generales al Tribunal de Cuentas, manteniendo dicha retención en tanto no cumplan con la referida obligación. 5. Instar a los órganos con competencias legislativas a: – Llevar a cabo los cambios normativos necesarios para reducir y homogeneizar los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades locales al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al respectivo Órgano de control externo autonómico, estableciendo como fecha límite común de rendición