Resolución de 18 de marzo de 2025, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Chiva n.º 2 a practicar una anotación de embargo.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
BOE-A-2025-7066
Texto literal del BOE, sin resumir
En el recurso interpuesto por doña S. P. A. F., procuradora de los tribunales, contra la negativa del registrador de la Propiedad de Chiva número 2, don Manuel Montánchez Ramos, a practicar una anotación de embargo. Hechos I En mandamiento, librado el día 15 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena, en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 806/2021 seguido contra don P. B. S., se ordenaba tomar anotación preventiva de «las tres terceras partes [sic] y el 50 % de una cuarta parte» indivisa de una determinada finca registral. II Presentado dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad de Chiva número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Hechos: Se presenta mandamiento de fecha 15/11/2024, expedido por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Requena, en el procedimiento Ejecución de títulos judiciales número 806/2021 seguido a instanica [sic] de V. M. C. contra P. B. S., sobre reclamación de 5006,76 euros por principal y 1504,20 euros por intereses y costas, se ordena tomar embargar, por vía de mejora, las tres terceras partes y el 50 % de una cuarta parte de finca rústica con Referencia catastral 46113A036001630000RO de Chiva, parcela 163 del Polígono 36 (…) registral número 11987.– Examinados los asientos relativos a la finca figura inscrita su titularidad de la siguiente forma: a favor de P. B. S. y E. A. G. el pleno dominio de una cuarta parte indivisa con carácter ganancial, y a favor de P. B. S. el pleno dominio de tres cuartas partes indivisas con carácter privativo. – No queda por tanto claramente determinada la cuota a embargar, puesto que el demandado es titular con carácter privativo de tres cuartas partes y de una cuarta parte con carácter ganancial. En cualquier caso, en cuanto al posible embargo del 50 % de 1/4 parte indivisa que figura inscrita con carácter ganancial no es posible la anotación de embargo sobre cuotas o bienes concretos de naturaleza ganancial mientras no conste la liquidación de la sociedad conyugal En segundo lugar, se incorpora testimonio del Decreto que ordena dicha mejora de embargo de esa misma fecha, y del que resulta que contra dicha Resolución cabe interponer recurso de revisión en el plazo de cinco días ante el Letrado de la Administración de Justicia que lo dicta. – No consta por tanto la firmeza de la resolución judicial. Siendo la fecha del mandamiento la misma que el Decreto, difícilmente se podría hablar de firmeza de la resolución judicial si aún está pendiente el plazo para interporner [sic] recurso. Debe tenerse presente que al Registro de la Propiedad sólo pueden acceder las resoluciones judiciales firmes para practicar un asiento de anotación de embargo, en nuestro caso. Fundamentos de Derecho: Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a calificación por el Registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes, y la validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria, y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución. Tratándose de documentos judiciales a la calificación se extiende además, según el mencionado artículo 100 del Reglamento Hipotecario, a la “competencia del Juzgado o Tribunal”, y a “la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado”. Respecto a la clara determinación de la cuota a embargar: Principios hipotecarios de tracto sucesivo y de legitimación recogidos en los artículos 20 y 38 da la Ley Hipotecaria, éste último por el que una vez practicada la inscripción, aparece una presunción iuris tantum, de exactitud y veracidad, que opera mientras no se demuestre lo contrario. Principio de especialidad, que exige la perfecta concreción del derecho que se inscribe, la finca sobre la que recae y la persona de su titular -artículo 21 de la Ley Hip
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