Real Decreto 265/2025, de 8 de abril, por el que se regula el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática.
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
BOE-A-2025-7097
Texto literal del BOE, sin resumir
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en su título III, dedicado al movimiento memorialista, reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan destacado en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y contempla la creación del Consejo de la Memoria Democrática y del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. Efectivamente, el artículo 57 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, dispone la creación del Consejo de la Memoria Democrática, adscrito al Ministerio competente en materia de memoria democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas, remitiendo al desarrollo reglamentario la determinación de su composición y régimen de funcionamiento. Por su parte, el artículo 59 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, crea el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática, estableciendo que reglamentariamente se determinará su organización, funcionamiento y procedimiento de inscripción. En el mismo podrán inscribirse las entidades memorialistas legalmente constituidas, entre cuyos objetivos y fines estatutarios figure la preservación y difusión de la memoria democrática, siempre que carezcan de ánimo de lucro y actúen y tengan su sede en el territorio español, así como las entidades memorialistas vinculadas al exilio y la resistencia fuera de España existentes en otros países. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los preceptos anteriores, mediante este real decreto se regulan el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. En relación con su estructura, esta norma consta de una parte expositiva y una dispositiva, con tres capítulos, divididos en veintitrés artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única, tres disposiciones finales y dos anexos. El capítulo I, con un solo artículo, determina su objeto, que consiste en la regulación de la composición y régimen de funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática, así como en la organización y funcionamiento del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. El capítulo II comprende los artículos 2 al 13 y contiene la regulación del Consejo de la Memoria Democrática. Se subdivide en tres secciones, relativas respectivamente a su naturaleza y funciones, a su composición, organización y a su régimen de funcionamiento. En la segunda de ellas se contempla la constitución de la Comisión a la que se refiere el artículo 57.5 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, cuya finalidad será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura. Por su parte, el capítulo III, conformado por los artículos 14 al 23, regula el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática y, al igual que el anterior capítulo, se subdivide en tres secciones, relativas respectivamente a las disposiciones generales, a su funcionamiento y al procedimiento de inscripción registral. En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera establece que el funcionamiento del Consejo y del Registro será atendido con los medios personales, materiales y técnicos asignados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática; la segunda fija el plazo para la constitución del Consejo, que será de cuatro meses a partir de la entrada en vigor del real decreto, así como la primera elección de las vocalías en representación de las entidades memorialistas y la tercera determina la inclusión de información en el Registro de Víctimas previsto en el artículo 9.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre. La disposición derogatoria única procede a la derogación de todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo dispuesto en este real decreto. Por último, la disposición final primera establece como título competencial habilitante el previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye a
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