Resolución de 3 de abril de 2025, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación Banco de Alimentos Sevilla, para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Ministerio del Interior
BOE-A-2025-7501
Texto literal del BOE, sin resumir
Habiéndose suscrito el 2 de abril de 2025 el Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Fundación Banco de Alimentos Sevilla para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 3 de abril de 2025.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio entre el Ministerio del interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación Banco de Alimentos Sevilla, para el cumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad En Madrid, a 2 de abril de 2025. REUNIDOS De una parte, don Ángel Luis Ortiz Gonzalez, Secretario General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de junio, actuando por delegación de competencias del Ministro del Interior, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.6 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 61. k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid. Y, de otra parte, don José Pedraza Pérez, en nombre y representación de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, (en adelante BAS) como Apoderado, elegido por la Asamblea de fecha 19 de julio de 2021 y facultado para este acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas como Apoderado según los Estatutos de la Fundación. Facultado para este acto mediante poder otorgado en escritura pública de fecha de 1 de abril de 2022, ante el Notario don Javier López Cano. Inscrita en el Registro SE-645 y Sección Registral: Tercera, «Fundaciones benéfico-asistenciales y sanitarias», y con domicilio a los efectos del presente convenio en carretera Sevilla-Málaga, km.1, 41020- Sevilla. Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Segundo. Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal. Tercero. Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen la Ley Orgáni
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