EL CÓDICE

El diario con la información oficial

Año 2026
← Volver a El Códice

Real Decreto 345/2025, de 22 de abril, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

BOE-A-2025-8159

—

Texto literal del BOE, sin resumir

Por medio del Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, se desarrolló el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima y de sus filiales. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece, en sus artículos 32 y 33, la regulación de los encargos de las administraciones públicas, poderes adjudicadores, y otras entidades pertenecientes al sector público que no tengan la condición de poder adjudicador a medios propios personificados y de entidades pertenecientes al sector público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados, respectivamente. Asimismo, en su disposición adicional vigésima cuarta se regula específicamente el régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, SA, S.M.E., M.P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P.» (TRAGSATEC). La disposición final octava de la citada ley preveía que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la misma. De cara a adaptar el régimen jurídico de tales entidades a la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se dictó el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSATEC). El Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, derogaba, en su disposición derogatoria única, el meritado Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto. Con posterioridad al dictado del citado real decreto, se han modificado los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en virtud de la disposición final cuadragésima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Asimismo, mediante la disposición final quinta del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se llevó a cabo una modificación, entre otros preceptos, del artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, previendo en su letra b) que tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les haya encargado la prestación de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la información, así como a los que celebren los medios propios cuyas funciones sean el fomento de las telecomunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información y sociedad digital. Por otra parte, la disposición final trigésima cuarta de la ya citada Ley 11/2020, de 30 de diciembre, ha modificado, entre otros, el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la figura del medio propio y servicio técnico, artículo este que, en su apartado 2, establece que tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes: a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. Transcurridos seis años desde la entrada en vigor del Real Decreto