Resolución de 12 de mayo de 2025, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fundación Patronato Jesús Abandonado, para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Ministerio del Interior
BOE-A-2025-9874
Texto literal del BOE, sin resumir
Habiéndose suscrito el 8 de mayo de 2025 el Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Fundación Patronato Jesús Abandonado para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio que figura como anexo a esta resolución. Madrid, 12 de mayo de 2025.–El Secretario General Técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez. ANEXO Convenio entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y la Fundación Patronato Jesús Abandonado para el cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad Madrid, a 8 de mayo de 2025. REUNIDOS De una parte, don Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, nombrado/a por Real Decreto 504/2018, de 18 de junio, actuando por delegación de competencias del Ministro del Interior, según lo previsto en el apartado noveno, subapartado 2.6 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 61. k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid. Y de otra parte, don José Manuel Martínez Tomás, en nombre y representación de la Fundación Patronato Jesús Abandonado (en adelante la Fundación), como Presidente, nombrado por el Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena, el día 14 de febrero de 2022 y renovado por tres años más el 11 de febrero de 2025. Facultado para este acto en virtud de las atribuciones que tiene conferidas como Presidente según los Estatutos de la Fundación en su artículo 14. Inscrita en la Sección Especial del Registro de Fundaciones con número 000137, y con domicilio a los efectos del presente convenio en carretera de Santa Catalina, 30012 de Murcia. Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto, EXPONEN Primero. Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Segundo. Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal. Tercero. Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria. Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y e
Fuente oficial