El Instituto Cervantes autoriza la destrucción de ciertos documentos administrativos que custodia, como estados de tesorería y expedientes de gastos, siguiendo un informe favorable de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Se trata de series documentales consideradas comunes en la Administración del Estado, que ya no tienen valor histórico o administrativo tras cumplir plazos de conservación establecidos (entre 7 y 10 años según el tipo de documento).

Esta resolución no afecta directamente a ciudadanos ni empresas particulares. Afecta únicamente al Instituto Cervantes y a otros organismos públicos de la Administración General del Estado que custodian estos mismos tipos de documentos: podrán proceder a destruir expedientes económicos y registros de tesorería una vez transcurran los plazos obligatorios de conservación, siempre respetando los procedimientos de seguridad establecidos para garantizar que no se pueda recuperar información de los documentos destruidos.