Las Illes Balears deroga la Ley de 2018 sobre memoria y reconocimiento democráticos. El Gobierno balear argumenta que esa ley vulneraba derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la igualdad, al imponer una única versión oficial de los hechos históricos sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Considera que la ley anterior limitaba la investigación histórica, la libertad de cátedra y penalizaba interpretaciones que no coincidieran con la versión que ciertos partidos políticos defendían.

Afecta a historiadores, investigadores y académicos de las Illes Balears, que dejan de estar sujetos a las restricciones que la ley anterior establecía sobre cómo podían estudiar e interpretar el período de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. También afecta a cualquier ciudadano de las Illes Balears que expresara opiniones sobre estos períodos históricos: con esta derogación, esas expresiones ya no estarán limitadas por una norma autonómica que imponía una interpretación oficial única.